Durante el primer año del sexenio, la actividad económica mostró un debilitamiento asociado a factores internos y externos. Entre ellos destacan: la política comercial de Estados Unidos, la incertidumbre derivada de la reforma judicial, así como los persistentes niveles de violencia e inseguridad que limitan el estado de derecho y la confianza de los inversionistas.
A estos elementos se suma la curva de aprendizaje natural de un nuevo gobierno. No obstante, especialistas comienzan a identificar indicios de mejora en los niveles de certidumbre, aunque la mayoría de los indicadores económicos se mantienen en terreno débil al inicio del segundo semestre.
Ajustes en las proyecciones de crecimiento
Recientemente, analistas y organismos económicos corrigieron al alza sus pronósticos de crecimiento para este año y el siguiente. Aunque las cifras permanecen por debajo de la expectativa oficial y del nivel necesario para mejorar de manera sostenida las condiciones de bienestar, esta tendencia refleja una modesta mejora en la confianza económica.
Sin embargo, este ritmo de expansión podría ser inferior al crecimiento poblacional, lo que implicaría una caída en el PIB per cápita y, en consecuencia, un deterioro en la calidad de vida. Ello pondría en riesgo las metas planteadas en el Plan México, especialmente en materia de reducción de pobreza y desigualdad.
Retos estructurales: seguridad, comercio e infraestructura
Para alcanzar un crecimiento económico más robusto y sostenido, será necesario avanzar en temas clave como seguridad pública y política comercial. Ambos continúan siendo factores determinantes que limitan la inversión y el dinamismo productivo.
La inversión en infraestructura también enfrenta un rezago importante. Entre enero y agosto se observó una caída anual de 33.7% en inversión física. Aunque para 2026 se proyecta un repunte de 10%, será fundamental que los proyectos sean socialmente rentables y coherentes con la trayectoria económica.
Finanzas públicas: estabilidad con presiones crecientes
La solidez de las finanzas públicas es esencial para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social. Aunque los ingresos aumentaron, aún resultan insuficientes para cubrir los crecientes programas y proyectos prioritarios, lo que llevó a un incremento en la deuda pública.
Hasta agosto, la deuda alcanzó 17.9 billones de pesos, con un costo financiero de 820 mil millones de pesos, equivalente al 13.8% del gasto total. De mantenerse esta tendencia, para 2026 la deuda podría ascender a 20.3 billones de pesos, con un costo financiero de 1.6 billones, es decir, el 15.5% del gasto total. Este nivel superaría en más de 60% el presupuesto destinado a inversión física.
El déficit proyectado del sector público para este año se ubica en 4.1% del PIB, por encima del estimado previo (3.9%). Los ingresos públicos aumentaron 2.6% en términos reales respecto al año anterior, impulsados principalmente por el crecimiento de 6.9% en la recaudación del ISR, atribuida a mayores esfuerzos de fiscalización más que a un incremento significativo en el empleo formal.
En contraste, el gasto público se redujo 3.6% en el mismo periodo. Destaca la caída de 7.2% en el gasto programable, pese a un incremento en desarrollo social de 1.8%, con avances en educación (2.0%) y protección social (5.8%). No obstante, rubros como salud (-5.3%), medio ambiente (-36.9%) y seguridad (-7.9%) registraron retrocesos significativos.
Mercado laboral: precarización y aumento en la informalidad
El mercado laboral muestra señales de debilidad y precariedad. En agosto, la población ocupada fue de 59.5 millones de personas, 200 mil 835 menos que en el mismo mes del año anterior, lo que representa una caída de 0.3% anual.
La disminución se concentró en el empleo formal, con 401 mil 835 personas menos, mientras que la informalidad aumentó en 201 mil. Esto elevó la tasa de informalidad de 54.3% a 54.8%. También se redujo la población ocupada con acceso a servicios de salud, lo que evidencia un deterioro en la calidad del empleo.
Inversión y consumo: señales mixtas
En julio, la inversión fija bruta creció 1.6% mensual, impulsada por un aumento de 4.9% en maquinaria y equipo —especialmente importado—, aunque la inversión en construcción retrocedió 1.3%. A pesar del repunte mensual, en términos anuales acumuló once meses consecutivos a la baja (-7.2%).
El consumo privado también se debilitó, con una caída mensual de 0.3% y una contracción anual de 0.1%. La demanda de bienes y servicios nacionales se redujo 0.7%, mientras que el consumo de bienes importados aumentó 5.5 por ciento.
Confianza empresarial: leve mejora pero con cautela
Pese al entorno económico complejo, la confianza empresarial muestra ligeros avances mensuales, aunque continúa en niveles bajos.
- Sector construcción: +0.3 puntos mensuales en septiembre, pero -1.4 puntos anuales.
- Manufactura: +0.3 mensual, -2.3 anual.
- Servicios privados no financieros: +0.2 mensual, -0.5 anual.
- Comercio al menudeo: -0.3 mensual, -3.3 anual.
Estos datos reflejan que, aunque hay señales de recuperación, la percepción empresarial sigue siendo prudente ante los desafíos económicos y estructurales del país.
Conclusión
El primer año de la administración federal cierra con una economía debilitada, presiones fiscales y retos estructurales persistentes. Sin embargo, el ligero repunte en la confianza económica y en algunas expectativas de crecimiento representa un punto de partida para una posible recuperación gradual.
Para consolidar este proceso será indispensable fortalecer la seguridad, mejorar el entorno de inversión, impulsar la infraestructura y garantizar una gestión fiscal sostenible.
