La creciente violencia y el incremento de la extorsión en la frontera norte del país representan una amenaza directa para el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la generación de empleo. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, un incremento de 5.2% respecto al mismo periodo del año anterior. De estos casos, el 11.8% ocurrió en los 43 municipios fronterizos, lo que refleja un aumento del 15.2% en esa región. La franja fronteriza, clave para el comercio exterior y la industria, enfrenta un deterioro acelerado en sus condiciones de seguridad.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reiteró que la seguridad es la base del Estado de derecho y un elemento indispensable para el desarrollo económico y social. Los delitos como la extorsión y el cobro de piso afectan de manera especial a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pilar económico de cientos de comunidades. Cuando un negocio se ve obligado a cerrar o a operar bajo amenaza, se pierden empleos, oportunidades y competitividad regional.
De acuerdo con la Estrategia Nacional Antiextorsión, entre el 6 de julio y el 28 de septiembre de 2025 se registraron 59 mil 283 llamadas vinculadas con este delito. Aunque el 74% no se concretó, 5 mil 959 casos sí derivaron en carpetas de investigación. No obstante, la cifra negra estimada alcanza el 97%, lo que indica que solo se denuncia una fracción mínima de los casos, limitando la capacidad de respuesta institucional.
La frontera norte, integrada por 3 mil 200 kilómetros y seis estados —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas—, es uno de los principales motores exportadores del país. Sin embargo, enfrenta dinámicas complejas relacionadas con tráfico ilícito de personas y mercancías, contrabando y disputas por el control de rutas. Estos factores elevan la violencia y aumentan los riesgos para la actividad económica.
El impacto social también es grave. México acumula más de 135 mil personas desaparecidas, y una proporción significativa se concentra en entidades fronterizas como Tamaulipas y Nuevo León. Además, uno de cada cuatro homicidios registrados este año ocurrió en algún estado de la franja fronteriza. La impunidad en desapariciones y delitos violentos debilita la confianza ciudadana en las instituciones y profundiza la percepción de inseguridad.
Los Centros Empresariales de Coparmex en la región fronteriza documentaron el aumento en amenazas, cobros ilegales y hostigamientos que enfrentan los empresarios, lo que limita la actividad productiva y desincentivado nuevas inversiones. Esta situación, advirtió el organismo, no puede normalizarse ni quedar fuera de la agenda pública.
Ante este escenario, Coparmex consideró urgente que el Senado dictamine la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados. Esta legislación busca homologar criterios, fortalecer la coordinación entre autoridades y ampliar las herramientas de actuación de las fiscalías estatales.
El organismo empresarial señaló que, si bien algunas zonas de la frontera registran momentos de relativa estabilidad, esta no puede depender de factores informales o coyunturales. La seguridad debe derivar de instituciones sólidas, cuerpos policiales profesionales y un Estado de derecho capaz de garantizar la protección de las personas y el libre desarrollo de la actividad económica.
La Coparmex hizo un llamado para reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, fortalecer y depurar las corporaciones policiales y utilizar inteligencia financiera para rastrear los flujos económicos que alimentan la extorsión. Subrayó que garantizar condiciones de seguridad para empresarios, trabajadores y ciudadanía es indispensable para sostener la inversión, la generación de empleo y el desarrollo nacional.
Finalmente, la Confederación reiteró que México requiere recuperar la confianza en el Estado de derecho. La extorsión no solo daña la economía: afecta profundamente el tejido social. Por ello, insistió en que la seguridad debe ser prioridad nacional, pues sin ella ningún esfuerzo económico, político o social será suficiente para construir el futuro que el país demanda.
